El Gobierno de San Luis ya les presentó el plan a 13 bancos y financieras, pero todavía nadie puede refinanciar nada. La letra chica que deberán cumplir las entidades y el requisito que deja afuera a miles de hogares.
El Gobierno de San Luis ya tiene hoja de ruta para uno de sus planes económicos más ambiciosos. Se trata del Programa de Desendeudamiento y de Incentivo al Consumo Familiar, impulsado por el gobernador Claudio Poggi, que busca descomprimir los hogares ahogados por las deudas y, al mismo tiempo, darle aire al comercio local.
La iniciativa se convirtió en ley el 20 de octubre y ahora el Ejecutivo presentó sus alcances ante 13 entidades bancarias y financieras de la provincia. El mecanismo: la Provincia no paga las deudas de nadie, pero ofrece beneficios impositivos a los bancos y financieras que acepten ofrecer condiciones más blandas a quienes arrastran compromisos vencidos.
Quiénes pueden anotarse
El plan no es para cualquiera. Está pensado para personas que acrediten domicilio en San Luis durante al menos dos años ininterrumpidos y que tengan deudas de consumo con más de tres meses de atraso al momento de la sanción de la ley.
Entran préstamos personales, tarjetas de crédito y otros compromisos con entidades financieras, incluidas las que funcionan a través de plataformas digitales. La normativa también deja la puerta abierta para sumar ciertas deudas por servicios públicos de competencia provincial, aunque eso quedará sujeto a lo que defina la reglamentación.
Las reglas que deberán cumplir los bancos
La ley fija un piso y un techo claros para los planes de refinanciación que presenten las entidades adheridas. El plazo mínimo para cancelar la deuda será de 24 meses, con un período de gracia de al menos dos meses.
El punto que más alivio promete es el límite de la cuota: no podrá superar el 30% de los ingresos del grupo familiar. A eso se suma un tope a los intereses, que no podrán exceder en más de diez puntos porcentuales a la tasa TAMAR que publica el Banco Central.
Además, la normativa prohíbe aplicar comisiones, honorarios ni cargos administrativos por la refinanciación. Y contempla la posibilidad de unificar varias deudas en un solo plan de pagos, incluso si fueron contraídas con entidades distintas.
El otro objetivo: mover las ventas
La segunda pata del programa apunta directo al mostrador. Las entidades que participen podrán ofrecer descuentos, reintegros, promociones, vouchers y otros beneficios para compras dentro de la provincia.
Como contraprestación, accederán a un crédito fiscal equivalente al 25% de los beneficios efectivamente otorgados a los consumidores. La idea es generar un doble efecto: que las familias ordenen sus finanzas y que ese dinero recuperado vuelva al circuito comercial sanluiseño.
Cuándo empieza a funcionar
La Ley VIII-1219-2026 ya fue sancionada y promulgada, pero eso no significa que las deudas se refinancien solas. La puesta en marcha depende de tres pasos: la reglamentación, la adhesión de las entidades y la aprobación de sus propuestas.
Por eso, los interesados deberán esperar la comunicación oficial de los planes disponibles y verificar si cumplen con los requisitos. Recién entonces podrán sentarse a negociar con su acreedor bajo las nuevas condiciones.
