Santa Cruz: el nombre que el Gobierno quiere meter en el Tribunal de Cuentas
El Gobierno ya mandó a la Legislatura el nombre que quiere en el Tribunal de Cuentas. La salida de la actual vocal tiene fecha y el reemplazo depende de una firma clave que nadie apura.
El Poder Ejecutivo de Santa Cruz ya movió ficha para quedarse con una de las vocalías del Tribunal de Cuentas provincial. La administración de Claudio Vidal envió a la Legislatura la propuesta de Sergio Pérez Soruco, expresidente de la Caja de Servicios Sociales, para que ocupe el lugar que dejará María Matilde Morales.
La salida de Morales ya tiene fecha: su renuncia fue aceptada por el Decreto 1126/2026, que estableció que el cargo queda vacante a partir del 1 de diciembre de 2026. Ahora resta que los diputados analicen el pliego del candidato oficialista.
Quién es el elegido y cómo se formalizó la salida de Morales
El nombre de Pérez Soruco no es nuevo en la función pública: ya estuvo al frente de la Caja de Servicios Sociales. La apuesta del Ejecutivo es que ese antecedente de gestión pese a la hora de conseguir el respaldo de la Cámara de Diputados.
La renuncia de Morales quedó instrumentada en el Decreto 1126/2026, firmado el 28 de octubre y publicado en el Boletín Oficial el 5 de noviembre. El texto fijó el 1 de diciembre como fecha de efectividad de la salida.
Morales había llegado a esa vocalía en julio de 2017, mediante el Decreto 0609, del 6 de julio de ese año. La publicación oficial no aclara cuándo presentó formalmente la renuncia: solo deja constancia de la firma del decreto que la aceptó.
Qué exige la Constitución para cubrir la vacante
El camino para reemplazar a un vocal del Tribunal de Cuentas no es automático. El artículo 123 de la Constitución de Santa Cruz dispone que los integrantes del organismo son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados.
La misma norma introduce una excepción: uno de los miembros debe ser propuesto por el partido político que represente a la primera minoría provincial. Ese detalle condiciona la integración del cuerpo y obliga a mirar con atención cómo se reparte cada silla.
A su vez, el artículo 119, inciso 6, contempla entre las atribuciones del gobernador la designación de magistrados y funcionarios que requieran acuerdo legislativo. El mismo apartado habilita al Ejecutivo a hacer nombramientos en comisión durante el receso de la Legislatura.
Ese recurso tiene letra chica: las designaciones en comisión caen si no obtienen el acuerdo dentro de los 30 días de iniciadas las sesiones ordinarias. Es decir, el Ejecutivo puede adelantarse, pero la palabra final sigue en manos de los diputados.
El respaldo de la Ley Provincial 3938
El mecanismo también está reflejado en el artículo 5 de la Ley Provincial 3938, que regula la organización y constitución del Tribunal de Cuentas. La norma ratifica que sus integrantes son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados.
Además, la ley reproduce la posibilidad de los nombramientos en comisión durante el receso legislativo. Así, el ordenamiento jurídico distingue entre dos situaciones: una designación con acuerdo legislativo y otra transitoria, sujeta a la aprobación posterior de la Cámara.
Con ese marco sobre la mesa, la propuesta de Pérez Soruco abre formalmente el procedimiento institucional para cubrir la vacante. La cobertura del cargo y el eventual ingreso del expresidente de la Caja de Servicios Sociales quedan atados a lo que disponga la normativa provincial y a la decisión final de los diputados.
