Santa Cruz regala beneficios a las empresas, pero les exige un requisito que casi nadie cumple
La nueva Ley de Promoción Industrial promete beneficios impositivos y crédito fiscal para atraer empresas a Santa Cruz, pero hay un requisito que las compañías deberán cumplir para acceder a las ventajas laborales. ¿De qué se trata?
El secretario de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, aseguró que la nueva Ley de Promoción Industrial ya despertó el interés de varias compañías, aunque aclaró que las primeras inversiones concretas podrían demorar hasta el año que viene. En diálogo con el programa El Mediador de Tiempo FM 97.5, el funcionario explicó los alcances de la norma y los incentivos para radicarse en la provincia.
La ley se lanzó hace apenas 15 días y, según Lunzevich, tuvo una repercusión inmediata. "Realmente generó muy buenas inquietudes. Se nos acercó mucha gente", contó. El objetivo central es compensar las asimetrías que Santa Cruz tiene por su ubicación periférica y los altos costos logísticos que complican la llegada de inversiones.
Un menú de beneficios para atraer empresas
La normativa actualiza la anterior legislación de promoción industrial e incorpora herramientas para facilitar la radicación de compañías. Entre los beneficios, Lunzevich mencionó incentivos impositivos, ventajas en servicios públicos, reintegros de aportes y contribuciones patronales, y un certificado de crédito fiscal equivalente a un porcentaje de la inversión. Ese certificado podrá usarse para dinamizar el proyecto y favorecer la participación de proveedores santacruceños.
Además, la ley contempla asesoramiento técnico y financiero y acuerdos con sociedades de garantía recíproca. "Hay una serie de beneficios muy importantes que ponen realmente competitiva a la provincia", destacó el funcionario.
El interés de las empresas
Desde la puesta en marcha de la ley, los contactos con empresas interesadas se multiplicaron. Lunzevich participó en Rosario de la primera Ronda de Negocios del RIGI, donde presentó la iniciativa. "Se nos acercó mucha gente después de la exposición para seguir en contacto", relató.
Entre las consultas recibidas, mencionó a empresas del sector pesquero que buscan ampliar su capacidad con una nueva planta, proyectos mineros que quieren acelerar sus iniciativas y compañías de reciclado y servicios metalmecánicos que trabajan para el petróleo y la minería. También una firma mendocina analiza radicarse en Santa Cruz para aprovechar los beneficios.
"Venimos tratando de generar diferentes reuniones, buscando gente que quiera invertir y nos estaba costando mucho. A partir del lanzamiento de la ley realmente los contactos se van incrementando y estamos muy satisfechos con eso", afirmó.
Empleo con residencia comprobable
Uno de los ejes centrales es la generación de empleo para residentes, en articulación con la Ley 90/10 de Empleo Santacruceño. Para acceder a los beneficios vinculados con la contratación de trabajadores locales, las empresas deberán acreditar que las personas contratadas tienen al menos dos años de residencia en la provincia.
"Tomamos el recaudo de que sean personas que ya tengan más de dos años de residencia comprobable en la provincia", indicó Lunzevich. Y agregó: "Evitamos eso de que a veces vienen trabajadores que los radican el día anterior al inicio de las actividades para computarlos como santacruceños, que se ha detectado mucho en las inspecciones que se han hecho".
El propósito, según el funcionario, es fortalecer el sector privado y descomprimir la presión sobre el gasto público. "Estamos buscando que todo esto tenga que ver con la radicación de inversiones para poder seguir generando empleo y fortaleciendo el trabajo privado dentro de la provincia", expresó.
¿Cuándo llegarían las primeras inversiones?
Lunzevich aclaró que aún no hay una fecha precisa porque las empresas deben elaborar y presentar sus proyectos para que sean evaluados y aprobados. "Lo que apuntamos es que a partir del año que viene empiecen ya a elaborar proyectos y demás, que quizás los presenten antes de fin de año", explicó.
El Gobierno provincial se comprometió a dar un tratamiento ágil a las solicitudes: la ley establece un plazo máximo de 60 días para responder una vez que el proyecto esté completo. "El año que viene podrían empezar a verse inversiones en la provincia", estimó el secretario.
