La Cámara de Diputados de Santa Fe le dio media sanción a un paquete de reformas en seguridad que ahora deberá tratar el Senado. El punto que más debate genera: qué pasará con los presos sospechados de manejar organizaciones criminales desde la cárcel. El diputado Martín Rosúa explicó los alcances de la iniciativa y respondió a las críticas por las nuevas facultades de inteligencia.
La Cámara de Diputados de Santa Fe le dio media sanción a un paquete de reformas en seguridad que impulsa el gobierno provincial. El objetivo declarado es dotar al Estado de herramientas más eficaces frente al delito y las organizaciones criminales, y ahora la iniciativa pasó al Senado para su sanción definitiva.
El diputado Martín Rosúa (UCR-Unidos), presidente de la Comisión de Seguridad, fue uno de los principales defensores del proyecto. Según explicó, la legislación actual quedó desactualizada frente a las nuevas modalidades delictivas.
“Tenemos una realidad delictiva que cambió y necesitamos leyes que estén a la altura. El delito muta permanentemente y el Estado tiene que tener capacidad real de reacción para anticiparse y actuar a tiempo”, señaló Rosúa.
Los puntos centrales de la reforma
Entre las iniciativas más relevantes aparece la incorporación del juicio por rebeldía. Con esta figura, los procesos judiciales podrán continuar cuando un acusado esté prófugo o no se presente ante la Justicia, sin que ello implique cercenar su derecho de defensa.
Otro de los ejes apunta a ampliar las facultades de intervención policial urgente ante la presencia de armas, municiones y explosivos. En esos casos se prevén mecanismos de control judicial posterior.
El punto que más discusión generó es el que busca evitar que las cárceles sigan funcionando como centros de operaciones del delito. Para eso se propone un régimen más estricto para internos de alto perfil sospechados de dirigir organizaciones criminales desde prisión, con restricciones sobre visitas y comunicaciones.
“Podemos dar todas las discusiones que sean necesarias, pero nunca podemos resignarnos a que el delito se maneje desde la cárcel. No podemos permitir que las organizaciones criminales recuperen el poder que tanto esfuerzo le costó al Estado hacerles perder”, enfatizó el diputado.
Inteligencia criminal y recompensas
El paquete legislativo también incorpora nuevas herramientas de inteligencia criminal para investigar delitos que se organizan a través de dispositivos electrónicos, mensajería y redes sociales.
Rosúa remarcó que la intención es mejorar la capacidad de anticipación del Estado sin afectar las garantías constitucionales. “No estamos hablando de espiar sin control. Estamos hablando de detectar una amenaza antes de que se produzca un hecho violento. Necesitamos herramientas modernas, con autorización judicial cuando corresponda y controles efectivos”, explicó.
Además, se prevé ampliar el sistema de recompensas para obtener información que permita esclarecer delitos, anticipar amenazas a la seguridad y promover programas de reporte o entrega de armas.
“Le estamos dando al Estado herramientas claras y necesarias para enfrentar el delito. Pero fortalecer la capacidad de actuación no significa resignar derechos y garantías. Queremos un Estado que pueda actuar con rapidez, investigar mejor y prevenir, siempre dentro de la ley”, sostuvo Rosúa.
El balance y el camino a seguir
El legislador consideró que Santa Fe avanzó en los últimos años en recuperar el control de las calles y de las cárceles, y planteó la necesidad de consolidar ese proceso con nuevas normas.
“Santa Fe avanzó mucho recuperando el control de las calles y de las cárceles. Ahora tenemos que consolidar ese camino y seguir actualizando nuestras leyes. Frente a un delito que cambia permanentemente, el Estado no puede quedarse con herramientas del pasado”, concluyó.
