Senado: sin el capítulo de Tierras, avanza la media sanción del proyecto de Propiedad Privada

El Senado se encamina a dar media sanción al proyecto de ley de Propiedad Privada, pero sin uno de sus capítulos más polémicos. La Libertad Avanza retiró el apartado que flexibilizaba la venta de tierras rurales a extranjeros, tras la presión social y el rechazo de aliados. Aun así, la iniciativa que impulsa el ministro Federico Sturzenegger mantiene puntos que generan fuerte controversia: desalojos exprés, restricciones a las expropiaciones y la derogación de un artículo clave de la Ley de Manejo del Fuego.

Según el recuento al cierre de esta nota, el oficialismo reunía unos 38 votos positivos, un número ajustado pero suficiente para aprobar la iniciativa en general. Entre los apoyos se contaban los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, mientras que la peronista Alejandra Vigo se inclinaba por el rechazo. La votación por capítulos mostraba un apoyo dispar, siendo el más débil el vinculado a la Ley de Manejo del Fuego.

Una sesión accidentada

El tratamiento de la ley fue accidentado y desgastante para el oficialismo. El texto llegó a la sesión en su versión número 17, tras perder dos capítulos enteros en el camino: el de flexibilización de la Ley de Tierras y el que descentralizaba el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares).

El primer intento de voltear la ley llegó del jefe de la bancada peronista, José Mayans, quien propuso devolver el proyecto a comisión. “No se puede tratar una ley con semejante grado de irresponsabilidad”, protestó, ofuscado por los constantes cambios. Su moción fracasó por 38 votos negativos contra 31 positivos, lo que anticipó que el oficialismo tendría los votos para la media sanción.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, defendió los puntos que quedaron en pie: “Este proyecto no es estrictamente el que ha ingresado a esta Cámara. Se trabajó en comisiones, donde la gran mayoría de los invitados no estuvieron de acuerdo”. Y agregó: “El espíritu original, la voluntad de desburocratizar, simplificar, agilizar, que quien es dueño de un bien no se lo castigue, que quien sufre un incendio no tenga un doble castigo, que un propietario que recibe un okupa pueda hacerse de su inmueble de forma más eficiente y rápida… todo eso está en el espíritu del artículo 17 de la Constitución”.

Mayans respondió con dureza: “Le mienten descaradamente al pueblo argentino. Esto es todo lo contrario a la inviolabilidad de la propiedad privada. Está hecho para las élites y perjudica al pueblo”.

Votos (y no votos)

Entre los votos favorables estaba el del senador libertario Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), cuestionado por ser socio de la empresa Glocal Terra S.R.L., dedicada a la venta de tierras rurales. La kirchnerista Juliana Di Tullio intentó impugnarlo, pero no prosperó. Benegas Lynch se defendió: “Mi empresa es parte del sector. Un beneficio general no es un privilegio particular: no hay en esta ley una sola línea escrita para mi empresa”.

Quien no pudo votar fue la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, que cursa un embarazo de riesgo y pidió hacerlo de forma virtual. La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó el voto remoto, pero la oposición de Bullrich y las dudas sobre el precedente que sentaría llevaron a que su pedido fuera enviado a comisión. La misma suerte corrió el radical Flavio Fama, de Catamarca, que también había solicitado votar virtualmente por razones de salud.

Los ejes del proyecto

El proyecto busca agilizar los juicios de desalojo, tramitándolos por el procedimiento sumarísimo. En caso de inquilinos morosos, el propietario deberá intimar fehacientemente y esperar 10 días corridos antes de iniciar la acción judicial. Si en el inmueble viven menores, discapacitados o adultos mayores desamparados, el juez deberá intervenir y otorgar hasta 10 días para conseguir un hogar transitorio, pero el desalojo continúa.

En cuanto a la Ley de Manejo del Fuego, se deroga el artículo 22 quater, que impedía por 30 años el cambio de uso de tierras quemadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales. La protección se mantiene solo para bosques nativos. Se eliminan así las restricciones a emprendimientos inmobiliarios y a actividades agropecuarias distintas a las previas al incendio.

El proyecto también restringe las expropiaciones: la utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva, identificando el objetivo concreto y demostrando necesidad y proporcionalidad. La indemnización deberá cubrir el valor de mercado del bien, calculado antes de cualquier anuncio oficial, actualizarse por inflación (IPC) más intereses, e incluir el lucro cesante cuando corresponda.

Tras la media sanción, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados, donde no se prevé un tratamiento inmediato. La prioridad de Martín Menem es avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el proyecto de Inocencia Fiscal.