Siete legisladores van por los números del Plan Castello: dónde fueron a parar los 300 millones de dólares
Política · Río Negro

Siete legisladores van por los números del Plan Castello: dónde fueron a parar los 300 millones de dólares

Siete diputados quieren saber cuánto costaron las obras del Plan Castello y qué pasó con los 300 millones de dólares tomados en 2017. El pedido apunta a las inversiones transitorias que se hicieron con ese dinero y a la deuda que sigue vigente hasta 2028.

Un grupo de siete legisladores provinciales presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo rinda cuentas sobre el Plan Castello. La iniciativa busca saber cuánto costaron las obras, qué destino tuvieron los 300 millones de dólares tomados mediante endeudamiento y cuánto queda por pagar de esa operación financiera, cuyo bono vence en 2028.

El planteo lleva las firmas de Gabriela Picotti, María Patricia Mc Kidd, Daniel Sanguinetti, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich, Martina Lacour y Marcela González Abdala. Reclaman una respuesta integral y documentada sobre la ejecución del programa y las obligaciones que siguen pendientes.

El origen de la deuda

Todo se remonta a la Ley H 5201, sancionada en 2017, que autorizó al Gobierno provincial a tomar deuda por hasta 580 millones de dólares para financiar proyectos de inversión pública provinciales y municipales. En diciembre de ese año se concretó una colocación de 300 millones mediante el bono RND25, emitido bajo legislación extranjera.

Los legisladores advierten que ese endeudamiento en moneda extranjera generó compromisos de largo plazo y exposición al riesgo cambiario. Por eso no solo quieren saber cuánto se destinó a cada obra, sino también los rendimientos obtenidos mientras los fondos estuvieron invertidos, los costos de financiamiento y el impacto total de la operación. El bono fue reestructurado en 2020 y su vencimiento final se extendió hasta 2028.

La plata que se invirtió mientras esperaba

Uno de los puntos que más atención concentra es el destino transitorio de parte del dinero. Los autores recuperan una publicación de ANBariloche del 11 de diciembre de 2017 que mencionaba inversiones en Letras del Tesoro Nacional y Letras del Banco Central (LEBAC) mientras avanzaban los trámites para iniciar las obras.

Aquella información, basada en declaraciones de autoridades del área económica provincial, consignó una colocación de 202.777.891 dólares en Letras del Tesoro Nacional a 182 días y operaciones en LEBAC con una tasa cercana al 30% anual. El pedido no da por confirmados esos datos: solicita que el Ejecutivo los ratifique o rectifique con documentación, e informe los montos efectivamente invertidos, las monedas utilizadas, las fechas, los vencimientos y los rendimientos netos obtenidos.

También requiere conocer qué ocurrió con el capital y los intereses generados por esas operaciones, si hubo reinversiones y cuál fue el destino posterior de los recursos. A eso suma una conciliación de los resultados financieros en pesos y dólares, las diferencias de cambio, las comisiones y los gastos de administración, intermediación y custodia.

Obra por obra, con lupa

El requerimiento incluye un relevamiento individual de cada una de las obras previstas en el Anexo I de la ley, incluso de los subproyectos que forman parte de partidas agrupadas. Para cada intervención se pide identificar la localidad beneficiaria, los organismos responsables, las empresas contratistas, los presupuestos originales y actualizados y los montos efectivamente pagados.

Además, precisar el avance físico y financiero, los plazos originales y sus modificaciones, las prórrogas, suspensiones y eventuales paralizaciones. También busca establecer si las obras están terminadas, si prestan efectivamente el servicio para el que fueron proyectadas y qué soluciones se prevén para las que presentan demoras o deficiencias.

Otro eje apunta a las intervenciones que no comenzaron, quedaron paralizadas, fueron reducidas o reemplazadas. En esos casos, los legisladores reclaman conocer las razones técnicas, presupuestarias y administrativas de cada decisión, los actos que las autorizaron y el destino de los fondos que originalmente estaban asignados.

El pedido también exige información desagregada por rubro y localidad para las obras hídricas y de saneamiento, eléctricas, viales y de desarrollo. La intención es evitar que intervenciones diferentes queden agrupadas bajo una misma denominación sin que pueda conocerse su situación particular.

Entre los proyectos que requieren precisiones específicas aparecen el Proyecto de Riego de Campo Grande y el edificio del IPROSS. Para el primero, se solicita conciliar el presupuesto original con las modificaciones contractuales, adicionales, redeterminaciones de precios, ampliaciones de plazo y pagos realizados. En el caso del edificio del organismo provincial, se busca explicar por qué hubo un expediente posterior de terminación, cómo se encadenaron las contrataciones y cuál fue el costo total acumulado.

El Fondo Fiduciario y la deuda hasta 2028

La iniciativa también apunta a la administración del Fondo Fiduciario de Desarrollo Rionegrino Plan Gobernador Castello. En ese apartado se requieren datos sobre todos los ingresos recibidos, su aplicación por obra, las transferencias a municipios, las inversiones transitorias, los gastos y los saldos registrados al cierre de cada ejercicio y a la fecha de corte.

En materia de endeudamiento, se solicita reconstruir la evolución del bono desde su emisión original, las condiciones de la reestructuración de 2020 y los pagos realizados desde entonces. También se pide informar el saldo de capital al 30 de septiembre de 2026, el cronograma de vencimientos hasta la cancelación final y una estimación del desembolso total pendiente, con la separación entre capital, intereses y otros costos.

Los legisladores reclaman, además, que el Gobierno concilie las cifras difundidas públicamente sobre el saldo de capital, los pagos acumulados y las obligaciones futuras. El objetivo es distinguir con claridad cuánto se pagó, cuánto resta de capital y cuáles serán los servicios de deuda hasta el vencimiento.

Otro punto consulta por las garantías comprometidas para respaldar el endeudamiento: qué recursos provinciales fueron afectados, qué retenciones o transferencias se realizaron, qué cuentas de reserva existen y cuáles son las condiciones para liberar esas garantías. También requiere conocer la situación patrimonial y contractual actual del Fondo Fiduciario, los honorarios del agente fiduciario y la fecha estimada de liquidación o extinción.

Antecedentes y organismos involucrados

El pedido se suma a otros requerimientos que la Legislatura ya había realizado sobre el Plan Castello, entre ellos los expedientes 158/2020, 131/2021 y 1194/2024. Este último había solicitado información sobre ejecución física y financiera, contrataciones, redeterminaciones de precios, transferencias municipales y actuaciones de los organismos de seguimiento y control.

En respuesta a ese requerimiento, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos remitió documentación el 19 de febrero de 2025, con información sobre distintas intervenciones bajo su competencia, entre ellas el Parque Productivo Tecnológico Industrial de Bariloche, el Gasoducto de la Región Sur, el Nodo de Transporte de Los Menucos, el Proyecto de Riego de Campo Grande y el edificio del IPROSS.

Sin embargo, aquella respuesta derivó parte de las consultas a otros organismos. Las obras hídricas y de saneamiento correspondían al Departamento Provincial de Aguas y/o Aguas Rionegrinas; las eléctricas, a la Secretaría de Energía y/o Transcomahue; y las viales, a Vialidad Rionegrina. También quedaron consultas vinculadas con las transferencias municipales y las comisiones de seguimiento.

Por eso, los autores consideran necesario contar con una rendición integral y consolidada que reúna la información de todos los organismos ejecutores y del agente fiduciario. Entre otros puntos, solicitan que se actualicen los datos aportados en 2025 hasta el 30 de septiembre de 2026 y que se identifiquen las respuestas complementarias que hayan enviado las distintas áreas.

El requerimiento invoca las facultades de control de la Legislatura previstas en el artículo 139, inciso 5, de la Constitución provincial y en la Ley K 2216. La respuesta deberá permitir establecer el estado actual de las obras, el destino de los fondos y el costo total que deberá afrontar la Provincia por el financiamiento del Plan Castello.

Siguiente nota Política · Río Negro

El Plan Castello cerró sus fondos pero sigue costando: la oposición quiere saber dónde fue a parar la plata

Seguí leyendo

Elegí tu provincia

Para ver tu edición local