Siete robos en seis meses, dos víctimas con miedo y una decisión del juez que cayó como un balde de agua fría
Siete robos y hurtos en seis meses, dos víctimas que dijeron tener miedo y un pedido de prisión preventiva que la fiscalía sostuvo con fuerza. El juez escuchó los argumentos y tomó una decisión que dejó a todos hablando.
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén formuló cargos contra un hombre al que le atribuye siete robos y hurtos cometidos entre mayo y noviembre de este año en distintos puntos de la ciudad. La asistente letrada Nadia Pérez pidió que siga detenido con prisión preventiva por un mes, pero el juez de garantías Marco Lupica Cristo rechazó el planteo y lo dejó en libertad con medidas de coerción por cuatro meses.
El imputado, identificado como R. J. C. A., fue detenido por la Policía el 14 de noviembre después de intentar robar en una vivienda y agredir a dos personas que lo sorprendieron. Cuando se revisaron sus antecedentes apareció que tenía varias investigaciones abiertas y que estaba declarado en rebeldía. Por eso, en una audiencia realizada el sábado, la fiscalía le formuló cargos por la totalidad de los hechos y reclamó la medida preventiva.
Los hechos quedaron repartidos en seis legajos e incluyen robos y hurtos, varios de ellos en grado de tentativa. Para respaldar la imputación, Pérez presentó testimonios de víctimas y de policías, registros de cámaras de seguridad, fotografías, actas de procedimiento y elementos que fueron recuperados.
Los siete episodios que le atribuyen
La cronología que maneja la fiscalía arranca el 5 de mayo: ese día el acusado habría intentado entrar a una vivienda trepando un paredón de casi dos metros, pero el propietario lo vio y escapó antes de llevarse nada. La calificación en ese caso fue robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.
El 25 de mayo concentra tres hechos. En uno sustrajo un teléfono celular de un comercio. En otro ingresó al patio de una casa y se llevó zapatillas, una mochila y otros objetos. En el tercero intentó apoderarse de equipos electrónicos, cámaras, drones y otros elementos de una vivienda, aunque la Policía lo demoró a pocos metros con los bienes en su poder.
Ya en noviembre, el día 1 sustrajo una bicicleta que estaba atada a un árbol en la vía pública, un episodio que quedó filmado por cámaras de seguridad. El 12 volvió a entrar al patio de una vivienda y se llevó otra bicicleta, que después fue recuperada por la Policía.
El 14 de noviembre llegó el hecho más violento. Según la imputación, entró dos veces a una vivienda con la intención de llevarse cuadros de bicicleta. En la segunda oportunidad, cuando el propietario y otra persona lo persiguieron, los golpeó con un fierro y les dio un cabezazo para poder escapar. Por eso la fiscalía lo acusó de robo con arma impropia en grado de tentativa.
Por qué la fiscalía pedía mantenerlo detenido
Al fundamentar el pedido de prisión preventiva, Pérez sostuvo que existía peligro de fuga: el imputado había informado varios domicilios y la Policía no lo encontró en ninguno. A eso sumó que no se presentó a las citaciones de otras investigaciones, que pesaba sobre él una declaración de rebeldía y que tampoco concurre a las audiencias.
La asistente letrada remarcó además que la cantidad de hechos investigados, su reiteración en el tiempo y la expectativa de pena —que podría superar los diez años de prisión— agravan ese riesgo de fuga. También advirtió sobre un posible peligro para las víctimas por la violencia del último episodio: el imputado las conocía, sabía dónde vivían y ambas habían expresado temor.
La decisión del juez
Lupica Cristo escuchó a las partes y resolvió de otra manera. Consideró que no tener un domicilio fijo o cambiar de residencia no implica automáticamente que el acusado carezca de arraigo, y valoró que se comprometiera a comparecer y que en el pasado había cumplido una suspensión de juicio a prueba.
Respecto del riesgo para las víctimas, entendió que podía neutralizarse con restricciones de acercamiento y contacto, sin llegar a la prisión preventiva.
Así, tuvo por formulados los cargos, fijó en tres meses el plazo de investigación y rechazó el pedido de la asistente letrada. En su lugar ordenó la libertad del imputado con estas condiciones durante cuatro meses: presentarse los lunes, miércoles y viernes ante el Ministerio Público Fiscal para firmar una planilla; no acercarse a menos de 100 metros del domicilio de las dos víctimas del último episodio; y no mantener ningún tipo de contacto con ellas ni realizar actos de intimidación, perturbación o violencia.