La aerolínea Flybondi ha quedado en el centro de la polémica tras una serie de denuncias por cancelaciones y demoras en sus vuelos, lo que ha llevado al diputado nacional Oscar Agost Carreño a solicitar al Gobierno un informe detallado sobre los controles aplicados a la empresa.
Este pedido de informes, dirigido a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a la Secretaría de Transporte, busca esclarecer si existen sanciones efectivas contra Flybondi y si los pasajeros afectados tienen mecanismos adecuados para reclamar.
En los últimos meses, Flybondi ha enfrentado una creciente ola de críticas debido a la falta de previsibilidad en sus vuelos. Pasajeros de distintas provincias han reportado cancelaciones inesperadas, reprogramaciones sin previo aviso y demoras prolongadas, lo que ha generado una serie de demandas judiciales en Córdoba.
Los denunciantes sostienen que la aerolínea ha causado graves perjuicios económicos y personales sin ofrecer respuestas satisfactorias. El problema no es nuevo. En 2023, el Gobierno nacional ya había intimado a Flybondi a presentar un plan correctivo para mejorar su servicio, pero según Agost Carreño, los conflictos persisten.
La falta de soluciones concretas ha llevado a que el Congreso intervenga en el asunto, exigiendo una evaluación oficial sobre la efectividad de la política de expansión de vuelos comerciales conocida como la “Revolución de los Aviones”.
El diputado Agost Carreño ha solicitado información sobre los sistemas de monitoreo en marcha y las posibles sanciones aplicadas a Flybondi. Su objetivo es determinar si el sistema de transporte aéreo en Argentina cumple con los estándares de previsibilidad, seguridad y respeto al consumidor que la ciudadanía merece.
Mecanismos eficaces
Además, busca garantizar que los pasajeros tengan acceso a mecanismos eficaces para reclamar en caso de incumplimientos por parte de la aerolínea. El pedido de informes también pone en cuestión la regulación de las aerolíneas low cost en el país.
Si bien estas empresas han permitido una mayor accesibilidad al transporte aéreo, la falta de controles adecuados ha generado problemas recurrentes para los usuarios. La intervención del Congreso podría marcar un punto de inflexión en la supervisión de estas compañías y en la protección de los derechos de los pasajeros.
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Fuente: minutoar.com.ar