Tucumán perdió 37 mil hectáreas de árboles: la causa no es la que todos imaginan

En una década, entre 2015 y 2025, Tucumán perdió 37 mil hectáreas de cobertura arbórea, una superficie equivalente a cuatro veces la ciudad de San Miguel de Tucumán. El este provincial fue la zona más castigada, según los registros satelitales de Global Forest Watch.

La plataforma, que monitorea y alerta sobre cambios forestales a partir de observaciones desde el espacio, define "cobertura arbórea" como toda la vegetación que supera los cinco metros de altura. La pérdida registrada en la provincia no es un dato menor: representa la liberación de 9,1 megatoneladas de dióxido de carbono, según la misma fuente.

Para dimensionarlo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos calcula que esa cantidad de CO2 equivale a las emisiones anuales de más de dos millones de vehículos particulares. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, por lo que su acumulación excesiva impulsa el calentamiento global.

El este, el epicentro de la pérdida

Los departamentos más afectados en la última década son Burruyacú, con 9.300 hectáreas perdidas; Graneros, con 6.900; y Leales, con 4.600. Solo estas tres jurisdicciones concentran el 56% de toda la pérdida provincial.

Un análisis con otra metodología, que compara ganancias y pérdidas entre 2000 y 2020, muestra una tendencia similar: Tucumán ganó 23.315 hectáreas de árboles, pero perdió 103.382. La pérdida neta ronda las 80 mil hectáreas en todo el territorio.

El desglose por departamento revela que todos perdieron cobertura arbórea en las primeras dos décadas del siglo XXI. La única excepción es Tafí del Valle, que registró una ganancia.

Agricultura, no incendios: el verdadero motor

Ni los incendios ni la urbanización, las causas que suelen señalarse como principales, explican lo que ocurre en Tucumán. Desde 2001, la razón central de la pérdida de cobertura arbórea en la provincia es la agricultura permanente: casi el 94% de las hectáreas arrasadas responden a ese factor.

David Montenegro, doctor en Ciencias Sociales e investigador, califica la situación como "un problema estructural muy grave". Sus estudios se centraron en el avance agrícola y la pérdida masiva de vegetación en Burruyacú y Cruz Alta.

"La superficie cultivada se triplicó entre 1976 y 2024 a costa de la pérdida de más de 300.000 hectáreas de bosque chaqueño nativo. Este avance generó una insularización del ecosistema, fragmentando el paisaje y reduciendo drásticamente los parches de bosque continuo", explicó Montenegro a Tendencia de Noticias.

El investigador coincide con los datos de Global Forest Watch: la expansión agropecuaria, impulsada sobre todo por el monocultivo de soja, es la responsable de la transformación. "Los habitantes de estas zonas tienen motivos urgentes para preocuparse", advirtió.

Las consecuencias van más allá de la pérdida de árboles. La deforestación "barrió con la biodiversidad" y eliminó la regulación térmica e hídrica natural. Con la aceleración de los procesos de erosión, se multiplicaron las inundaciones y se agudizaron los conflictos territoriales por el acceso a la tierra y el agua, según las investigaciones del tucumano.

Las estadísticas más recientes muestran una estabilización en el ritmo de deforestación, pero Montenegro no es optimista. "No responde a un éxito de las políticas de conservación ambiental, sino al agotamiento físico del territorio; simplemente queda muy poca frontera boscosa apta y accesible por desmontar", afirmó. Aun así, señaló que todavía existen desmontes ilegales.

Ley 8304: una norma que llegó tarde y sigue sin actualizarse

En Tucumán, la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley 8304) protege el ambiente, regula la expansión agropecuaria y clasifica los bosques según su valor de conservación desde 2010. Sin embargo, Montenegro asegura que "llegó tarde".

"El daño mayor ya estaba hecho, categorizando el 95% de los remanentes boscosos de las comunas rurales en verde, es decir, habilitados administrativamente para el desmonte legal", agregó. Además, criticó que "a 15 años de su sanción", la ley "sigue sin actualizarse".

El problema tampoco parece ser una prioridad en la gestión provincial. La Subdirección de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y la Subdirección de Áreas Naturales Protegidas dependen de Desarrollo Productivo. "Esto no es solo una organización institucional, es una manifestación de lugar que ocupa la preservación de las áreas naturales en la provincia. Están supeditadas a las decisiones en materia económica o productiva", criticó Montenegro.

Para el investigador, ni a escala nacional ni provincial se transita el camino correcto. Aun así, enumeró tres medidas para mejorar el panorama: revisar y actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos provincial, monitorear geoespacialmente para sancionar la tala ilegal y formular estrategias de desarrollo local que empoderen a las comunas rurales y a las cooperativas campesinas, con planes reales de restauración del bosque.

El objetivo, según explicó, es concreto: "Para evitar que la degradación se profundice".