Un decreto de Concordia no pudo sostenerse: la Justicia devolvió a un trabajador a planta y ahora el municipio deberá pagar
El municipio creyó que podía anular por decreto un pase a planta ya firme. La Cámara le marcó el límite y ahora deberá reincorporar al agente y pagarle los haberes desde febrero de 2024, con intereses. El detalle que complica las cuentas.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Concepción del Uruguay declaró la nulidad absoluta del Decreto DEM N° 213/2024 y ordenó reincorporar a un agente municipal de Concordia, además de abonarle los haberes caídos desde febrero de 2024.
La decisión judicial pone en jaque la potestad del Ejecutivo concordiense para dejar sin efecto, por decreto, un pase a planta que ya estaba firme. El fallo también fijó una actualización del 8% mensual más la tasa activa del Banco Nación hasta que la reincorporación se concrete.
El argumento que inclinó la balanza
Los abogados Cielo Petit y Matías Llados, patrocinantes del trabajador, señalaron que el punto central del caso es que el municipio no podía revocar por sí solo un acto administrativo que ya había otorgado derechos y adquirido firmeza, ni siquiera invocando supuestas irregularidades en su origen.
La Cámara compartió ese criterio: cuando la administración considera ilegítimo un acto de esas características, debe recurrir a la Justicia mediante una acción de lesividad. No puede anularlo de manera unilateral. El artículo 60 de la Constitución de Entre Ríos y la legislación vigente respaldan esa postura. En ese marco, el decreto derogatorio presentó graves vicios de competencia y de objeto, al arrogarse atribuciones que son competencia exclusiva del Poder Judicial.
Un expediente que abre un debate mayor
El caso individual trasciende el expediente y pone sobre la mesa la política de empleo municipal en Concordia. Según Petit, desde diciembre de 2023 el municipio despide en promedio a más de 100 trabajadores cada seis meses e incorpora una cantidad similar de agentes.
La abogada denunció además que algunos de los desvinculados vuelven a ser contratados como monotributistas, fuera del sistema formal, y siguen cumpliendo tareas para el municipio bajo otra modalidad. Esa maniobra implica la pérdida de aportes previsionales y de cobertura de obra social para los trabajadores.
La letra chica del Presupuesto 2027
Uno de los cuestionamientos centrales apunta al Presupuesto municipal 2027. Petit sostuvo que la presentación muestra una reducción del gasto en personal al estimarlo en 43,64%, pero no incluye en ese porcentaje el 20,45% destinado a servicios no personales, donde se contabilizan las contrataciones de monotributistas. Al sumar ambos conceptos, el gasto alcanza el 64,09%, según su cálculo.
Para la letrada, esa modalidad no representa necesariamente una reducción del gasto municipal, sino un cambio en la forma de contratación. También advirtió que afecta los aportes a la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y a OSER. La discusión, así, toca la previsión, la obra social y la estabilidad laboral de cientos de personas.
La comparación con la gestión anterior
Petit contrastó la situación actual con los ocho años de la gestión municipal anterior, que mantuvo la planta estable mediante el congelamiento de ingresos, la cobertura de vacantes por concurso en áreas como Tránsito, Inspección General y Servicios Públicos, y el ingreso a planta de contratados con más de cuatro años de antigüedad y aportes.
“Lamentablemente, esta gestión echó a la calle a cientos de trabajadores, los expulsó del sistema formal, pero no bajó el porcentaje de gastos en personal”, sostuvo la abogada. El municipio no dio su versión.
Una deuda que puede crecer
La acumulación de haberes adeudados y los intereses fijados por la Cámara podrían convertirse en una deuda millonaria para las arcas municipales. Los procesos contencioso-administrativos suelen ser prolongados, y recién ahora comienzan a resolverse demandas iniciadas en 2024.
La presión financiera no es un efecto menor: se suma a un debate de fondo sobre la contratación pública. La orden judicial reinstala un principio básico: un acto administrativo firme no puede derribarse con un decreto si no se sigue el camino legal. En Concordia, el caso coloca en el centro la relación entre planta permanente, monotributistas y gasto público.
