Un exmilitar sanjuanino creyó que zafaba de la cárcel, pero la Corte Suprema lo devolvió a la celda

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la absolución del militar retirado Juan Carlos Méndez Casariego y ratificó en forma definitiva su condena a 18 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura. El fallo, revelado por el sitio 0264 Noticias, responde al recurso presentado por el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal.

La decisión del máximo tribunal significa un espaldarazo para la actuación del Ministerio Público Fiscal que conduce en la provincia Francisco Maldonado. La controversia se había originado en septiembre de 2021, cuando la Cámara Nacional de Casación Penal había absuelto al exmilitar al considerar que las pruebas no alcanzaban para derribar la presunción de inocencia.

Esa absolución había generado un fuerte rechazo entre las querellas y los organismos de derechos humanos. La Procuración General de la Nación recurrió entonces ante la Corte Suprema y sostuvo que Casación había hecho una valoración parcial e inadecuada de las evidencias. Los ministros del máximo tribunal adoptaron en su totalidad el criterio del dictamen de Casal.

El rol del imputado y la maniobra de encubrimiento

Durante los años del régimen militar, Méndez Casariego revistaba como teniente primero y jefe de la Compañía Comando del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22. Desde ese cargo se le asignó la tarea de actuar como instructor de los sumarios militares tramitados a los detenidos políticos alojados en el Penal de Chimbas.

El dictamen del Procurador Casal subrayó que el acusado no podía desconocer los vejámenes y torturas que sufrían los prisioneros en la unidad penitenciaria. Un elemento determinante en el expediente fue la muerte del detenido Alberto Carvajal, ocurrida en la cárcel de Chimbas un día después de haber sido obligado a firmar su supuesta declaración en un sumario instruido por el propio Méndez Casariego.

Aunque la versión oficial de la época intentó instalar que Carvajal se había suicidado, la investigación judicial logró demostrar que murió a causa de las severas torturas recibidas. Para la Justicia, el aporte fundamental de Méndez Casariego consistió en darle un ropaje de falsa legalidad a la represión clandestina: a través de actas y actuaciones fraguadas, brindó cobertura y seguridad jurídica a los ejecutores de las torturas y homicidios, y ocultó de manera sistemática el trato cruel al que eran sometidas las víctimas.

El caso se remonta al cierre del segundo Megajuicio en San Juan, que concluyó en octubre de 2018. En aquel proceso, el Tribunal Oral Federal juzgó los crímenes de la denominada "patota" represiva que actuó en la provincia. Los jueces condenaron a prisión perpetua a los principales jerarcas del grupo de tareas —entre ellos Jorge Olivera, Gustavo De Marchi y Daniel Gómez— y fijaron 18 años de cárcel para Méndez Casariego.

Con este pronunciamiento de la Corte Suprema, la revisión sobre su responsabilidad penal quedó concluida y la condena a 18 años de prisión efectiva quedó firmemente ratificada.