Un jubilado bancario peleó contra la reforma de la Caja, pero el juez miró un número de septiembre
Un jubilado bancario quiso frenar la reforma de la Caja en la Justicia, pero el expediente sumó un número de septiembre que le jugó en contra. Qué pasó con la movilidad y por qué el juez no lo dejó avanzar por esa vía.
La Justicia de Entre Ríos le puso un freno a un intento de voltear la reforma jubilatoria provincial. Un juez declaró inadmisible el amparo que un jubilado del ex Banco de Entre Ríos había presentado contra el Estado provincial y la Caja de Jubilaciones y Pensiones para que se declarara inconstitucional la Ley 11.302. La sentencia no entró en el fondo de la cuestión, pero dejó un dato que pesa: las costas del proceso quedaron a cargo del demandante.
La resolución la firmó el juez Juan Francisco Malvasio el 12 de noviembre. El magistrado consideró que la presentación no era la vía correcta y que el planteo debe canalizarse por los procedimientos judiciales que corresponden.
Qué pedía el jubilado
El reclamo tenía un eje fácil de explicar. El hombre quería conservar el mecanismo anterior de movilidad, el que ataba la actualización de sus haberes a los aumentos salariales del sector bancario. Con la reforma, esa referencia cambió: ahora el parámetro es el escalafón con mayor cantidad de aportantes del Estado provincial.
El expediente incluyó un número que terminó jugando en contra de la pretensión. En septiembre, primer mes con el nuevo mecanismo en funcionamiento, el aumento otorgado fue del 3,5%, mientras que el incremento salarial bancario fue del 1,9%. Traducido: el jubilado cobró una actualización 1,6 puntos porcentuales por encima de la que le habría correspondido con el régimen anterior.
La Caja de Jubilaciones, además, informó que el beneficiario había percibido todos los incrementos bancarios que le correspondían hasta la entrada en vigencia de la reforma, el 22 de agosto.
Los argumentos del Estado
Tanto la Caja de Jubilaciones como la Fiscalía de Estado salieron a defender la legalidad de la reforma. Sostuvieron que cualquier cuestionamiento sobre su constitucionalidad debía tramitarse por los carriles judiciales específicos y no por un amparo.
La Fiscalía de Estado sumó otro eje al debate: la situación financiera del sistema previsional provincial, su déficit estructural y la necesidad de preservar su sustentabilidad. El planteo apela al carácter solidario del régimen y a los derechos del conjunto de los beneficiarios, no solo de un sector.
Por qué el amparo no prosperó
El magistrado coincidió con el dictamen del Ministerio Público Fiscal. Para el juez, la controversia exige un debate y una producción de pruebas mucho más amplios de los que permite una acción de amparo, un trámite pensado para resoluciones rápidas.
Por eso concluyó que existen otras vías judiciales más adecuadas para discutir el tema. La sentencia no resolvió sobre la constitucionalidad de la reforma: estableció que el cuestionamiento debe tramitarse mediante los procedimientos correspondientes.
La pelea sigue, pero por otro camino. Con más debate, más pruebas y, probablemente, más tiempo.
