Una comunidad Mbya de Garuhapé logró que la Justicia Federal de Oberá le ponga un plazo al Congreso por el Súper Rigi: el trámite legislativo queda contra las cuerdas y lo que se juega no es solo el territorio, sino el agua y la energía de todos.
La Justicia Federal de Oberá le puso plazo al Congreso. El juez Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga emplazó al Poder Legislativo a responder en 11 días hábiles la demanda que presentó la Comunidad Mbya Guaraní Tape Mirĩ de Garuhapé contra el régimen conocido como Súper Rigi.
La causa quedó caratulada bajo el expediente FPO 39913/2026 y se tramitará por la vía del procedimiento sumarísimo. En la resolución, el magistrado reconoció la urgencia del planteo: advirtió que si la Justicia demora, la protección de los derechos territoriales y ambientales de la comunidad podría quedar en la nada.
La presentación pide que se detenga el trámite legislativo de la iniciativa mientras sigan sin resolverse las omisiones denunciadas en el acceso a la información ambiental y en el derecho de los pueblos indígenas a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI).
Qué cuestiona la demanda
El reclamo apunta a dos ausencias: no hubo instancias de participación durante la elaboración de la norma y tampoco se hicieron evaluaciones sobre sus posibles consecuencias socioambientales. Para sostenerlo, la demanda invoca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Acuerdo de Escazú, ambos ratificados por Argentina.
La acción judicial tiene una presentación paralela en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El expediente que quedó radicado en Misiones, en cambio, pone en discusión el ejercicio de los derechos de la comunidad dentro de su propio territorio.
La voz de la abogada: “Esa omisión fue deliberada”
Bárbara Bertola, abogada vinculada a la representación de la comunidad, explicó en una entrevista radial de dónde nació el planteo: de la falta de acceso a la información y de mecanismos de participación ciudadana durante el proceso que dio forma a la ley.
“El planteo es que la ley, si bien se la presenta como una ley de extensiones impositivas y promociones industriales, en realidad tiene en su concepción una transformación muy profunda en lo que es la gestión y la explotación de los recursos naturales y un reordenamiento territorial”, sostuvo.
Según la letrada, una norma con esa capacidad de transformación exige instancias previas de información y participación. La comunidad ya había reclamado ante el Senado por la vía administrativa, pero, según su relato, el Congreso nunca contestó. Por eso se llegó a la Justicia.
Bertola recordó que la presentación se hizo primero en Capital Federal, porque el cuestionamiento tiene que ver con la formación de una ley en el Congreso de la Nación. Después la causa se trasladó a Misiones, al considerar que los derechos reclamados se ejercen en territorio provincial.
Agua, energía y territorio: el corazón de la preocupación
Uno de los argumentos centrales de la demanda es la falta de estudios sobre las consecuencias que podrían traer las actividades económicas que promueve el régimen. Bertola aclaró que los efectos no recaerían solo sobre las comunidades indígenas, sino sobre toda la población argentina.
“Este es un proyecto que no es que va a tener una afectación puntual. No se sabe qué afectación va a tener, porque para saber qué afectación o qué impactos va a tener, el Estado tiene que realizar determinados estudios. Esos estudios existen, se pueden hacer, pero el Estado no los hizo”, afirmó.
El ejemplo que puso son los mega data centers, una de las actividades contempladas entre las inversiones que la iniciativa busca atraer. Según explicó, esas infraestructuras necesitan grandes cantidades de agua y de energía, además de superficies amplias de territorio.
La inquietud está puesta en lo que podría provocar una instalación masiva de esos establecimientos en el país, sobre todo en la disponibilidad de recursos esenciales tanto para las comunidades como para las poblaciones urbanas.
Bertola también marcó que los centros de datos emiten gases de efecto invernadero, por lo que consideró indispensable evaluar cómo se compatibilizaría su expansión con los compromisos ambientales que asumió Argentina.
“Para promover una instalación masiva de data centers era necesario hacer evaluaciones de qué disponibilidad de agua hay en la Argentina para dedicarla a otras industrias”, explicó. A eso sumó la necesidad de determinar qué capacidad tiene el país para absorber nuevas emisiones sin comprometer los objetivos de mitigación.
Para la abogada, el Estado debía producir esa información antes de avanzar con una legislación de semejante alcance. Aseguró que esos estudios fueron pedidos por las partes y que no hubo respuesta.
Por qué la demanda apunta al Congreso y no al Ejecutivo
La letrada explicó por qué la presentación está dirigida al Poder Legislativo. Según argumentó, el Estado está obligado a garantizar el acceso a la información y la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas, pero en este caso el proceso de formación de la norma está en manos del Congreso.
“El Estado Nacional está compuesto por tres poderes. En este momento, el que está a cargo del proceso de formación de la política pública es el Poder Legislativo. Por eso el Poder Legislativo es el obligado”, señaló.
Antes de recurrir a la Justicia, pidieron una audiencia pública en el Senado como mecanismo para garantizar la participación de la ciudadanía y de las comunidades indígenas. Como antecedentes, Bertola mencionó los debates parlamentarios por la Interrupción Voluntaria del Embarazo y por la Ley de Glaciares, donde el Congreso habilitó instancias de participación.
El pedido relacionado con el Súper RIGI, en cambio, se trató en una reunión de comisión y terminó descartado. Según su relato, en ese debate el senador Monteverde fundamentó el rechazo en el artículo 7, inciso 2, del Acuerdo de Escazú, que se refiere a la participación en proyectos y actividades económicas.
La abogada cuestionó que no se tomara en cuenta el inciso 3 del mismo artículo, que contempla la participación ciudadana en la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas y normas.
“El inciso 3 establece que la información y la participación de la ciudadanía en la formación de las políticas públicas se da en la formación de políticas públicas y de normas. Esa omisión fue deliberada”, sostuvo.
Consulta previa y derechos territoriales
Bertola consideró que corresponde garantizar una instancia de consulta indígena por los posibles efectos directos que la normativa podría generar sobre las comunidades. Aun así, remarcó que el derecho a participar en las decisiones ambientales alcanza a toda la sociedad.
“El cuidado del ambiente merece que toda la población argentina y en especial las comunidades participen en toda la formulación de políticas públicas que puedan llegar a tener un impacto transformador en el ambiente y en las condiciones de vida”, expresó.
La demanda busca que el Congreso responda por las omisiones denunciadas y que se garantice el ejercicio de los derechos de la comunidad antes de que avance una iniciativa que podría transformar los recursos naturales y la organización del territorio.
Con la resolución del Juzgado Federal de Oberá se abre ahora la instancia de respuesta del Poder Legislativo, que deberá comparecer en el plazo fijado.
La representante legal insistió en que una ley de esta magnitud requiere evaluaciones técnicas previas para anticipar sus consecuencias. Advirtió que algunas transformaciones ligadas a la explotación de los recursos naturales pueden ser difíciles de revertir y que la ciencia ya cuenta con herramientas para medir los riesgos antes de que se concreten las inversiones.
“Uno no puede hacer una ley de esta envergadura solamente confiando en que esto va a traer bonanza si, ante la incertidumbre o sospecha de que puede haber impactos negativos, no se toman los recaudos que la ciencia ya sabe que existen y que se pueden tomar”, concluyó.
