Una estrategia judicial logra concentrar las causas por un desvío millonario en un solo juzgado

La AFA consiguió que dos expedientes por presunto fraude y lavado de activos, que investigan un desvío de 300 millones de dólares, sean derivados al juzgado federal de Campana. Esto ocurre mientras la Cámara Federal de Casación Penal aún debe definir la competencia final, una decisión que podría arrastrar al resto de las causas contra la entidad.

Hoy, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, se inhibió y envió a su colega Adrián González Charvay en Campana parte de su expediente. Allí se investiga a la AFA por supuesto fraude por transferencias a empresas fantasmas de 300 millones de dólares cobrados en Estados Unidos.

La semana pasada, la jueza de instrucción Paula Petazzi hizo lo mismo con una denuncia similar presentada por el agente FIFA Guillermo Tofoni. Petazzi también se declaró incompetente y derivó el caso a Campana, a solicitud del propio juez González Charvay.

¿Qué argumentos se esgrimieron?

Tofoni apelará la medida de Petazzi, aunque la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, en su dictamen se mostró favorable a que la causa vaya a Campana. “La inhibitoria requerida no sólo obtura la persecución penal múltiple, sino que también favorece a la correcta y más rápida administración de justicia, sin poner en riesgo los demás tramos de la amplia hipótesis delictiva que persigue esta causa”, escribió.

Estas dos causas de fraude se suman a otro expediente que ya está en Campana, donde se averigua quiénes son los verdaderos dueños de una mansión en Pilar valuada en 20 millones de dólares, que se le adjudica a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Se sospecha que esa quinta es producto del lavado de dinero.

¿Por qué la AFA quiere que los casos vayan a Campana?

Este juzgado de Campana es donde la AFA pretende que queden todos sus expedientes, pues piensa que le irá mejor allí que en otras jurisdicciones. Apuesta a que el juez los favorezca.

Sin embargo, la última palabra la tiene la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky deberán resolver si el caso, que investiga a los verdaderos dueños de la mansión de Pilar, tramita en Campana con el resto de las causas o si lo hace en la justicia federal porteña o en la penal económico de la Capital Federal.

Esta decisión de competencia seguramente arrastrará al resto de las causas contra la AFA. Pero la definición de la Cámara de Casación se viene demorando. Se aplazó una audiencia citada para esta semana porque Elisa Carrió pidió apartar a la jueza Ledesma, y los propios denunciados solicitaron un aplazamiento debido a un recurso extraordinario en trámite.

¿Qué irregularidades se señalaron?

El fiscal ante la Casación, Mario Villar, advirtió que el inicio de la causa de Campana se realizó mediante un mail, sin denuncia ni requerimiento fiscal, lo que permite que el acusado elija al juez que lo investiga.

Todo esto será resuelto por los jueces de la Cámara de Casación en por lo menos dos semanas, ya que la actividad judicial se aplazó por las Pascuas y el Pesaj.

En la causa de la Quinta de Pilar, Luciano Pantano aparece como dueño de la mansión. El imputado es un monotributista que fue presidente de la Asociación de Futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown. Figura -con su madre, Ana Conte- como propietario de la sociedad Real Central SA, dueña del predio de Villa Rosa, con helipuerto, pista ecuestre, pileta, gimnasio y un galpón con 45 autos de colección y de alta gama.

¿Cómo se conectan los expedientes?

Ahora, los jueces Armella y Petazzi resolvieron acumular en Campana a ese expediente los casos por lavado de activos y uso de sociedades “fantasma” en el exterior. El centro del escándalo radica en un presunto “despojo total para la AFA de alrededor de 300 millones de dólares”.

Según la hipótesis que unifica los expedientes, la cúpula directiva integrada por el presidente y su tesorero Toviggino, en presunta complicidad con Érica Gabriela Gillette y Javier Horacio Faroni, habrían orquestado maniobras de vaciamiento mediante la sociedad estadounidense TourProdEnter LLC. Esta firma fue contratada para gestionar de manera exclusiva la comercialización de partidos amistosos, derechos y patrocinios de la Selección Nacional.

A cambio, la empresa retenía una comisión del 30% que “no tendría justificación alguna” y oficiaba como vehículo para canalizar el dinero hacia sociedades fantasma radicadas en el extranjero, evitando que los fondos millonarios ingresaran a las cuentas oficiales y balances de la AFA, de acuerdo con la hipótesis bajo investigación.

El argumento por el cual Armella envió esta causa a la justicia federal de Campana es que entendió que existe una clara relación “objetiva y subjetiva” entre ambos hechos. Ambas causas convergían en investigar el accionar de la firma estadounidense TourProdEnter LLC, de Érica Gillette y Javier Faroni, y el presunto desvío de fondos hacia sociedades “fantasma” en Florida, Estados Unidos.

Asimismo, ambas pesquisas apuntaban a dilucidar la licitud de los pagos realizados por la AFA a la empresa Real Central S.R.L. y el rol de sus directivos, Luciano Pantano y Ana María Conte. Resaltó que de continuar con una instrucción paralela sobre los mismos sucesos, se afectaría la garantía constitucional que prohíbe la doble persecución por los mismos hechos y se corre riesgo de dictar sentencias contradictorias.

Tras destacar que se trata de un asunto de economía procesal y optimización de recursos, resaltó el antecedente de la jueza Paula Petazzi y el aval de la fiscal Incardona.