Una jubilada pasó 35 días presa por llevarse fiambre: lo que dijo al salir dejó en silencio a todos
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Una jubilada pasó 35 días presa por llevarse fiambre: lo que dijo al salir dejó en silencio a todos

Una jubilada de 67 años terminó tras las rejas por sacar fiambre y carne de un supermercado. Cuando salió, contó cuánto tuvo que pagar para recuperar la libertad: la cifra supera lo que gana en un mes y desnuda una situación que a miles les puede pasar.

Stella Maris Chaves tiene 67 años, cobra la jubilación mínima y vive en San Fernando. Durante más de un mes estuvo detenida en una celda de la Alcaidía Nº 15 de Chacarita por intentar sacar comida de un supermercado sin pagar. Salió el viernes 13 de noviembre, después de pagar una caución de 150.000 pesos: casi la mitad de lo que gana por mes, por dos bandejas de fiambre, un paquete de salchichas y un corte de carne envasado al vacío.

“Lo hice por hambre; no agarré una botella de alcohol, un electrodoméstico, ni siquiera artículos de higiene. Tampoco lastimé a nadie ni mostré un arma. Saqué comida porque realmente la necesitaba. Abrís mi heladera y está pelada... lo único que hay es una botella de agua. No siento vergüenza; camino con la frente bien alta. No tenía para comer: eso es lo que pasó”, contó Stella.

La noche del 9 de octubre

Esa fecha quedó marcada en su historia. Salió de su casa con la determinación tomada, se alejó lo suficiente para que no la reconocieran y, cerca de las 20.30, entró junto a una amiga al Carrefour de avenida Cabildo al 3100, en Núñez. Aunque la temperatura era agradable, llevaba una campera holgada. Bajo la ropa escondió lo que se llevaría sin pasar por la caja.

No llegó lejos. Un empleado que seguía las cámaras de seguridad dio aviso y dos policías le cerraron el paso antes de que cruzara la línea de cajas. Su amiga se marchó del lugar como si no la conociera.

“Le lloré a la policía —recordó—, les pedí que, por favor, me dejaran ir. Les expliqué que no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, pero que no me quedaba otra opción porque no tenía para comer. Me llevaron al baño del supermercado y me tuvieron ahí un rato hasta que me subieron al patrullero”.

Con las esposas puestas pasó por los consultorios del Cuerpo Médico Forense para que constataran si tenía lesiones. Después la alojaron en una celda compartida con otras siete detenidas.

Prisión preventiva para un delito excarcelable

La causa quedó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 25, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini. El 26 de octubre, la magistrada dictó la prisión preventiva aunque la tentativa de hurto es un delito excarcelable. El argumento: constató un antecedente similar de 2025.

Stella estuvo 35 días detenida sin recibir visitas. “Recién me liberaron después de pagar 150.000 pesos. ¿Sabés lo que significa para mí juntar esa plata? Cobro la jubilación mínima, o sea, unos 380.000 pesos. ¿Por qué no les hacen lo mismo a los políticos que roban millones? En vez de ayudar a los jubilados que nos estamos cagando de hambre, nos meten presos”.

Su caso contrasta con el de otros detenidos por robos, muchos con violencia o a mano armada, que recuperan la libertad en poco tiempo: la dinámica que se conoce como la “puerta giratoria” de la Justicia.

“Ese lugar es inhumano”

La pasó mal adentro. Dejó de tomar sus remedios para la gastritis y se intoxicó con la comida que les servían. “Te podés estar muriendo que ahí no te llaman a un médico. Estaba tan mal que se dieron cuenta y me trasladaron a un hospital donde estuve cuatro horas con suero. La mayoría de las detenidas de la Alcaidía viven descompuestas y vomitando porque les sirven comida en mal estado. Ese lugar es inhumano”, denunció.

Con las otras detenidas armó un vínculo particular. “No entendían por qué estaba ahí con ellas, y encima por tanto tiempo. Me decían que robar comida no era un delito, que mi defensor oficial estaba haciendo las cosas mal. Yo era la más vieja de todas, pero me adoraban. Cuando me fui, todas lloraron y hasta me hicieron una batucada para festejar. Anoche me llamaron desde la Alcaidía para preguntarme cómo estoy. Me quieren ayudar; no pueden entender que no tenga ni para comer”.

Una vida de trabajo y una heladera vacía

Stella crió prácticamente sola a sus seis hijos porque el padre abandonó el hogar. Se ganaba el sustento limpiando casas por hora. Hoy, el poco dinero que cobra de jubilación lo destina al tratamiento médico de una de sus hijas, que padece una enfermedad grave. Vive en la casa familiar de San Fernando con una de sus nietas y recibe una mano del hijo menor, que trabaja como bachero en una pizzería.

“No sé cómo voy a hacer para salir adelante. Ojalá que esta nota sirva para que le toque el corazón a la gente y me den una mano. Estoy muerta de hambre, esa es la verdad”, dijo sin vueltas.

Y sumó un pedido: “Me gustaría conocer al Presidente para contarle mi situación y la de todos los jubilados en la Argentina. Me conformaría con que me reciba unos minutitos nada más para decirle las cosas que estamos sufriendo en el país. El Presidente tiene que ponerse en los zapatos de los otros. Yo estuve más de un mes presa porque no tenía para comer después de haber trabajado toda mi vida. No me parece algo justo. Quiero que ningún otro jubilado tenga que pasar por lo mismo que pasé”.

Quienes quieran colaborar con Stella pueden hacerlo a través de un alias de billetera virtual que habilitó su familia: jonatan.259.bates.mp, a nombre de Jonatan Franco, uno de sus hijos.

Qué dice el informe sobre las mujeres detenidas

El último relevamiento del Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura (MLPT) de la Ciudad de Buenos Aires analizó la situación de las mujeres privadas de libertad en comisarías y alcaidías porteñas, con foco en el período agosto-diciembre de 2024 y actualizaciones hasta julio de 2025.

El documento señala que las detenidas enfrentan una vulnerabilidad particular porque “los espacios de detención están diseñados para varones, carecen de infraestructura adecuada y no contemplan sus necesidades específicas”. Entre los problemas detectados figuran el hacinamiento, la permanencia prolongada en espacios no habilitados, las deficiencias edilicias, el acceso insuficiente a la salud, la falta de lugares para visitas y audiencias y un circuito de aprehensión irregular.

Sobre la Alcaidía Modular N° 15, donde estuvo Stella, el informe concluye que si bien permitió ampliar la capacidad de alojamiento presenta “graves deficiencias estructurales y condiciones incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos”.

Esos establecimientos deberían funcionar como espacios transitorios, con estadías de entre 24 y 72 horas. Sin embargo, en diciembre de 2024 el promedio de detención llegó a 36 días, con casos de hasta 182 días. En octubre se había registrado una permanencia de 212 días.

El estudio agrega que el 94% de las mujeres alojadas entre agosto y diciembre de 2024 estaban privadas de la libertad sin condena firme: el 52% no tenía resolución judicial y el 42% seguía bajo prisión preventiva. Apenas el 6% cumplía una pena tras una sentencia firme.

Las condiciones actuales, concluye el informe, “configuran una vulneración sistemática de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad en la Ciudad y requieren intervenciones urgentes para garantizar su dignidad y derechos fundamentales”.

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La libreta que apareció en la celda de Báez y el nombre que la encabeza

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