Una jueza dejó en libertad de acción a los sospechosos de Viento Sur y ahora el Tribunal le marcó el límite
¿Qué resolvió la jueza Pelosso en la audiencia del 5 de octubre para que la fiscalía pidiera la nulidad y el Tribunal de Impugnación le diera la razón?
El Tribunal de Impugnación anuló la audiencia de control de acusación y la resolución que la jueza de garantías Natalia Pelosso dictó el 5 de octubre en el legajo Viento Sur. La decisión, tomada por mayoría, ordena repetir la instancia ante otro juez o jueza de garantías.
Los fiscales Rocío Rivero y Pablo Vignaroli habían pedido la nulidad al considerar que Pelosso se extralimitó en sus funciones durante esa etapa procesal. El tribunal les dio la razón: sostuvo que la magistrada valoró prueba que debía debatirse en juicio y tomó decisiones que afectaron el ejercicio de la acción penal.
Qué resolvió la jueza que generó la reacción fiscal
Durante la audiencia, que comenzó ayer y terminó hoy, los representantes del Ministerio Público Fiscal cuestionaron varias medidas de Pelosso que modificaron el alcance de la acusación.
Entre ellas, la jueza declaró parcialmente nulo el requerimiento fiscal y sobreseyó a los exfuncionarios Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino. También cambió las calificaciones y los grados de participación atribuidos a otras personas imputadas, concedió suspensiones de juicio a prueba pese a la oposición de la fiscalía y excluyó a una testigo que el MPF consideraba central para acreditar el funcionamiento interno de la cooperativa Viento Sur y el rol de quienes tomaban las decisiones.
Ante el Tribunal de Impugnación, Rivero explicó que esas decisiones generaron un perjuicio imposible de reparar después. Según su planteo, impidieron que el proceso continuara en los términos que la fiscalía había fijado y afectaron la autonomía del Ministerio Público Fiscal para ejercer la acción penal.
El límite del Código Procesal que los fiscales invocaron
Vignaroli sostuvo que el Código Procesal Penal establece límites claros para la audiencia de control de acusación: allí solo pueden discutirse cuestiones de admisibilidad y legalidad de la prueba, no resolver aspectos que corresponden al juicio.
En ese marco, cuestionó que la jueza tomara como base las explicaciones de las defensas y los elementos exhibidos durante la audiencia para concluir que la acusación no tenía sustento suficiente. También objetó que Pelosso modificara las formas de participación criminal atribuidas a los imputados: descartó la coautoría y la participación necesaria planteadas por el MPF y, a partir de esas modificaciones, concedió suspensiones de juicio a prueba cuando la fiscalía ya había rechazado esas salidas alternativas por la gravedad de los hechos investigados. Se trata de una maniobra de presunta corrupción que provocó un perjuicio económico para el Estado.
Otro de los agravios fue la exclusión de una testigo clave para la teoría del caso del MPF. Vignaroli explicó que su declaración era relevante para reconstruir cómo se administraba la cooperativa y quiénes tenían poder de decisión. Afirmó que la jueza impidió que esa información llegara al juicio y que, en esas condiciones, la fiscalía no contaría con los elementos necesarios para acreditar la participación del único imputado que habilitó.
La impugnación contó con la adhesión de la Fiscalía de Estado, representada por el querellante institucional Gustavo Kohon.
Cómo votaron los jueces del Tribunal
Al fundamentar el voto mayoritario, la jueza Estefanía Sauli consideró que durante el control de acusación se produjo “un exceso en las facultades” previstas para esa instancia. Sostuvo que la magistrada valoró evidencia controvertida, modificó los grados de participación de los imputados y tomó decisiones que requerían un debate propio del juicio, donde deben garantizarse la inmediación y la contradicción entre las partes.
El juez Federico Sommer adhirió a ese criterio y señaló, como había indicado Vignaroli, que la actividad de la jueza durante la audiencia excedió los límites que impone el Código Procesal Penal. Consideró que la jueza de garantías anticipó valoraciones sobre el mérito de la acusación que correspondían a un tribunal de juicio.
En disidencia, el juez Richard Trincheri votó por confirmar la resolución de Pelosso. Entre otros argumentos, sostuvo que la jueza no actuó de oficio, sino a partir de planteos de las defensas, y que las cuestiones vinculadas con la autoría, la participación y la suficiencia de la acusación podían analizarse durante la etapa intermedia.
Así, el tribunal declaró la nulidad de la resolución dictada por Pelosso el 5 de octubre y extendió esa decisión a las audiencias que la precedieron. Además, ordenó reenviar el legajo a la Oficina Judicial para que designe a otro juez o jueza de garantías y se realice nuevamente la audiencia de control de acusación.