Una jueza notó que el mismo hombre demandaba a decenas de vecinos y pidió ver los contratos
Una jueza de Tartagal advirtió que el mismo hombre aparecía una y otra vez demandando a vecinos por préstamos. Cuando le pidió los contratos, apareció un número que lo complicó: los intereses que cobraba.
La Justicia civil y comercial de Tartagal puso bajo la lupa a un presunto prestamista que habría iniciado procesos contra unas 34 personas de la zona, con tasas de interés que rondaban el 360%. La investigación apunta a una posible red de usura y ya fue derivada al fuero penal.
Todo empezó con una observación dentro del propio juzgado. La jueza María Eugenia Hernández advirtió que una persona física se presentaba de manera reiterada como demandante en juicios ejecutivos contra distintos vecinos. Esa habitualidad le encendió una alarma.
El pedido que destrabó la causa
Ante la sospecha, la magistrada le solicitó un informe sobre el origen del dinero que reclamaba. El demandante acompañó contratos de préstamo de dinero, según relató la jueza al medio VideoTar.
Hernández explicó que prestar dinero de forma habitual requiere una habilitación del Banco Central de la República Argentina, porque se trata de una actividad financiera regulada por ley. Quien no cuenta con esa autorización y igualmente se dedica a prestar, puede incurrir en un delito.
“La persona que presta dinero en este contexto con habitualidad, como una forma de vida, lo que dentro de la comunidad llamados prestamistas, si no estan autorizados como entidades financieras para funcionar, cometen un delito eventualmente de intermediación financiera no autorizada”, sostuvo la jueza.
Tasas que superan cualquier límite
A la falta de habilitación se le suma otro elemento: los intereses. Si las tasas exceden lo que autoriza el Banco Central, la conducta podría configurar el delito de usura. En este caso, los porcentajes aplicados llegaban a ser de alrededor del 360%.
“Tengo registrado en mi juzgado que es una sola persona que habría iniciado procesos en contra de 34 personas aproximadamente”, precisó la magistrada.
La jueza también verificó que la actividad se publicitaba en medios de comunicación, donde se ofrecían préstamos de dinero.
Causas suspendidas y derivación a la Justicia penal
Con ese panorama, Hernández ordenó la suspensión de las causas civiles por la presunta existencia de una causa ilícita de la obligación, hasta que la justicia penal se expida. Además, remitió al Ministerio Público Fiscal los antecedentes que obran en el juzgado, entre ellos los contratos mencionados.
La jueza cerró con una reflexión sobre su rol y el contexto económico: “Como juez, uno tiene la responsabilidad de no permitir que el derecho se use en contra de los intereses de los ciudadanos”. Y agregó que, en la situación económica que atraviesan los argentinos, las personas se vuelven más vulnerables.
