Una pinturería estafada quiere recuperar $34 millones, pero le pusieron un precio para poder reclamar
Color Shop perdió más de $34 millones por la estafa y quiere recuperarlos. Pero para que su reclamo avance, la Fiscalía le exige primero un pago de más de un millón de pesos. La decisión quedó en manos de un juez.
La causa por la millonaria estafa que golpeó a dos comercios sanjuaninos volvió a moverse, esta vez lejos del banquillo de los acusados. Con las condenas de los cuatro implicados ya resueltas, el foco pasó a otra pregunta: ¿puede una de las empresas damnificadas recuperar lo que perdió?
Color Shop, una de las firmas afectadas, busca una indemnización superior a los $34 millones por el daño económico que le dejó la maniobra. El trámite, sin embargo, se empantanó en un detalle previo: cuánto tiene que pagar para que su pedido sea tomado en serio.
El millón que traba el reclamo
La empresa, patrocinada por la abogada Josela Echegaray, ya actúa en el expediente como querellante y ahora pidió ser admitida como actor civil. Esa figura le permite exigir una reparación dentro del mismo proceso penal, sin abrir un juicio aparte por los perjuicios del delito.
El fiscal Mariano Juárez Prieto no discutió el derecho de Color Shop a reclamar. Lo que objetó es el paso previo: sostiene que primero debe abonar el sellado, calculado en el 3% del monto pretendido. Traducido a pesos, alrededor de $1.020.000 para que la presentación avance.
Los artículos en los que se apoya la Fiscalía
Para sostener su postura, el Ministerio Público Fiscal repasó la normativa tributaria provincial. Citó el artículo 8, punto 1.3, de la Ley Impositiva Anual 2026 (Ley 2803-I), que fija la alícuota del 3% para demandas por sumas de dinero.
También mencionó el artículo 235, inciso A, del Código Tributario Provincial (Ley 151-I), según el cual la tasa se calcula sobre el valor económico del reclamo. En este caso, esa base son los más de $34 millones que la pinturería quiere recuperar.
El tercer argumento es el artículo 274 del mismo cuerpo legal: los magistrados y el resto del Poder Judicial deben verificar que los tributos estén pagados antes de dar curso a las actuaciones. Bajo ese criterio, avanzar sin exigir el pago podría acarrear responsabilidades para los funcionarios que intervengan.
Los abogados defensores de los acusados —María Filomena Noriega, Rodolfo Nicolás Pardo, Omar Quiroga y Antonio de la Torre— acompañaron ese planteo. Del otro lado se presentó un pedido de nulidad del dictamen fiscal, con el que se busca dejar sin efecto la exigencia del pago previo y destrabar el reclamo de la empresa.
La decisión queda en manos de un juez
El conflicto desembarcó en el juzgado de Garantías de Alberto Caballero. El magistrado deberá definir si el sellado es una condición obligatoria para admitir la constitución como actor civil o si, por el contrario, se convierte en un obstáculo que impide a la víctima acceder a una reparación económica. La audiencia se retomará el próximo lunes.
Cómo funcionaba la estafa de casi $100 millones
El expediente tiene su origen en una maniobra que perjudicó a Fase Electricidad y a Color Shop y que, de acuerdo con la investigación, dejó un daño cercano a los $100 millones. Los hechos se remontan a fines de 2025.
Los integrantes de la banda se presentaban como representantes de Bossaball S.A., una supuesta firma que iba a remodelar la abandonada Bodega Hidalgo, en Albardón, para sumarla al llamado Circuito del Vino. Con esa fachada simulaban comprar materiales eléctricos y artículos de pinturería.
Para cerrar las operaciones entregaban cheques electrónicos falsos o sin fondos. Los comercios despachaban la mercadería y nunca cobraban.
Hugo Mario De los Ríos, Jorge Alberto Paz, Mauricio Jesús Altamirano y Ricardo Javier Martínez admitieron su responsabilidad en un juicio abreviado. Los cuatro recibieron penas de hasta tres años de prisión en suspenso.
Con esa parte del caso cerrada, el expediente se abrió a una nueva discusión: si Color Shop podrá avanzar con su reclamo para recuperar parte de lo perdido y bajo qué condiciones económicas deberá hacerlo.
