Una tumbera, dos casas apedreadas y una familia amenazada: la Justicia definió qué pasará con los hermanos

La Justicia de San Juan cerró el caso por el violento ataque que una familia sufrió en Chimbas en septiembre de 2025. Dos hermanos fueron condenados por apedrear dos viviendas y amenazar de muerte a una mujer y a su hijo con un arma de fabricación casera. Uno de ellos recibió prisión en suspenso y el otro accedió a una probation con tareas comunitarias y un pago simbólico.

El episodio ocurrió la tarde del 15 de septiembre de 2025, cerca de las 16:30. Según la investigación de la UFI CAVIG, una mujer descansaba en su casa junto a su hija de 9 años cuando irrumpieron Ramón Andrés Guevara, sus hermanos Juan Francisco y Leandro, y otras dos personas.

Sin mediar palabra, el grupo empezó a arrojar piedras de gran tamaño contra la propiedad. La situación escaló cuando Juan Francisco desenfundó una tumbera, apuntó a la víctima y la amenazó de muerte. Ramón Andrés se sumó a la agresión.

La mujer logró refugiarse dentro de la casa, llamó al 911 y pidió ayuda a su madre, que vivía a pocas cuadras.

El ataque siguió en otra vivienda

Lejos de detenerse, Juan Francisco y Leandro se trasladaron al domicilio de la madre de la denunciante y volvieron a lanzar piedras contra la casa.

Cuando la mujer salió a la calle con su hijo —identificado como S.C.— para ir a lo de su hija, se encontraron con Juan Francisco en una esquina cercana. El acusado volvió a mostrar la tumbera, apuntó directo al joven y amenazó a la madre con matar a su hijo. Poco después, los dos hermanos repitieron las advertencias de muerte contra la familia.

Qué resolvió la Justicia

La causa se resolvió mediante un juicio abreviado acordado por el fiscal Alberto Martínez y la ayudante fiscal Virginia Pérez Lloveras, de la UFI CAVIG.

Juan Francisco Guevara fue condenado a un año de prisión en suspenso por tres hechos de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, en concurso real. Seguirá en libertad, pero durante dos años deberá cumplir reglas de conducta: fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados, mantener una distancia mínima de 15 metros de las víctimas y sus viviendas, y no realizar actos molestos o intimidatorios.

Leandro Gabriel Guevara obtuvo la suspensión del juicio a prueba (probation) por un año. Deberá pagar una reparación simbólica de $35.000 a cada damnificado, cumplir 36 horas de tareas comunitarias no remuneradas —preferentemente en el Club Defensores de Racing— y respetar la prohibición de acercarse o contactar a los denunciantes.