Uñac y 10 imputados esperaban la formalización, pero la jueza frenó todo
La jueza Mónica Lucero tenía todo listo para escuchar la acusación contra Uñac y otros 10 imputados, pero después de dos horas de lectura frenó la audiencia y les marcó la cancha a los fiscales. Qué encontró en el expediente que la hizo interrumpir.
La audiencia de formalización por la causa del Acueducto Gran Tulum quedó suspendida este lunes después de más de dos horas de lectura. La jueza de Garantías Mónica Lucero pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 14.30 en la Sala 9, luego de un fuerte llamado de atención a los fiscales Sebastián Gómez y Maximiliano Gerarduzzi.
El reproche de la jueza a los fiscales
Lucero interrumpió la exposición del Ministerio Público Fiscal (MPF) por desprolijidades en la lectura de la acusación y falta de organización general. Según consignó la magistrada, el equipo fiscal tuvo un año para preparar el expediente y no lo hizo con el orden esperado.
La decisión de postergar la formalización se tomó pese a que el exministro Julio Ortiz Andino había avisado que estaría de viaje y no podría asistir. La jueza decidió igual llevar adelante la audiencia, que finalmente no pudo completarse.
Qué dice la acusación fiscal
El fiscal Gómez expuso las líneas centrales de la imputación: sostuvo que entre 2013 y 2023 existió un plan intencional para beneficiar a la firma Krah Latina S.A., proveedora de tuberías de polietileno de alta densidad.
Uno de los puntos que remarcó el MPF fue el vínculo determinante entre el exgobernador Sergio Uñac y el fallecido apoderado de Krah en San Juan, Gustavo Horacio Monti, primo del exmandatario. Ese lazo habría facilitado el direccionamiento de los pliegos licitatorios.
La Fiscalía también afirmó que se adjudicó la provisión a una empresa cuya propuesta era más onerosa y tenía menor respaldo técnico que las de la competencia. Además, se adquirieron materiales de tecnología "absolutamente experimental" y no aptos para el transporte de agua bajo presión, según la acusación.
Gómez detalló que competidores del proceso licitatorio, como la firma General Plastic S.A., advirtieron previamente a las autoridades de OSSE, al Gobierno provincial y al Gobierno de Kuwait —financiador de la obra— sobre las deficiencias técnicas. Esas advertencias fueron desestimadas para avanzar con las contrataciones.
Los 11 imputados en la causa
La investigación de la UFI Delitos Especiales abarca a exmandatarios, exdirectivos de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), técnicos y empresarios.
Entre los principales acusados se destaca el exgobernador y exvicegobernador Sergio Uñac, actual senador nacional y primo del fallecido apoderado de la empresa adjudicataria. Junto a él figura Julio Ortiz Andino, ministro de Infraestructura provincial entre 2015 y 2023.
El expediente apunta a una marcada responsabilidad de la cúpula directiva de OSSE a lo largo de las distintas etapas del proyecto. Se menciona a los expresidentes del organismo Cristian Andino (gestión 2011-2015), Sergio Ruiz (2015-2019, actual asesor en el Senado), Juan Carlos Caparrós (entre febrero y diciembre de 2019) y Guillermo Sirerol (2019-2023).
También figuran Humberto Caballero, exjefe del Departamento Jurídico de la repartición y actual juez laboral; Juan Sánchez, vinculado a la implementación del proyecto; Francisco Javier Correa, auditor técnico y gerente de Obras; y Rolando Vicente Caruso, jefe del Departamento Proyectos.
Por el sector privado está imputado Gustavo Mastelono, presidente y representante legal de Krah América Latina S.A., la firma proveedora de los caños investigados.
