Ocho nuevos cargos de defensores coordinadores se repartirán entre Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti. La reforma se aprobó por unanimidad, pero un legislador aprovechó el debate para apuntar contra fiscales y defensores: qué dijo.
La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves, sin votos en contra, la creación de ocho cargos de defensores coordinadores dentro del Ministerio Público de la Defensa. La medida, que modifica la Ley Orgánica K N° 4199, suma una instancia intermedia entre la Defensoría General y los defensores que intervienen en los procesos judiciales.
El proyecto fue impulsado por los legisladores Facundo López, Lucas Pica, Juan Carlos Martín y Juan Sebastián Murillo Ongaro. Los nuevos puestos se repartirán entre los fueros Civil y Penal de las cuatro circunscripciones judiciales de la provincia, con cabeceras en Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti. Cada una tendrá un coordinador penal y otro civil.
Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es descentralizar responsabilidades, mejorar la supervisión de los equipos y reforzar la asistencia jurídica, sobre todo para los sectores más vulnerables.
Una estructura que quedó chica
La reforma responde a un crecimiento sostenido del organismo. Hoy la Defensa Pública rionegrina tiene 305 empleados y 157 defensores titulares y adjuntos, todos bajo la órbita directa de la Defensoría General. Esa conducción, en cambio, funciona con apenas siete personas entre funcionarios y empleados.
Para los autores del proyecto, ese desequilibrio complica la coordinación, la supervisión y la gestión del personal, y limita la planificación de políticas institucionales.
Los coordinadores tendrán tareas administrativas —organizar equipos, autorizar licencias, seguir requerimientos— y también funciones judiciales concretas. En el fuero Penal podrán intervenir en juicios por jurados, elaborar impugnaciones ante tribunales superiores, supervisar causas complejas y visitar establecimientos penitenciarios para controlar el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad.
En el Civil participarán de recursos judiciales, coordinarán equipos y podrán intervenir en visitas a instituciones que alberguen a niños, adolescentes, adultos mayores y otras personas en situación de vulnerabilidad.
“Darle robustez a la defensa”
Durante el debate, Lucas Pica (Juntos Somos Río Negro) explicó que la reforma busca garantizar la “igualdad de armas” entre acusación y defensa dentro del sistema acusatorio provincial.
“Lo que nosotros estamos hoy propiciando es darle robustez a la defensa, de la misma manera que venimos dándole potencia y robustez, en el sistema de persecución penal rionegrino, a las acusaciones, a la Fiscalía”, sostuvo.
Pica recordó que la Legislatura ya avanzó en otras reformas para fortalecer la persecución penal y dar más protagonismo a las víctimas, como la reiterancia delictiva, los cambios al régimen de prisión preventiva y las restricciones a las salidas transitorias para condenados por delitos graves. En esa línea, consideró necesario reforzar también la estructura de la Defensa Pública.
Un reclamo que nació dentro de la Justicia
Juan Murillo Ongaro (PRO Unión Republicana) subrayó que la propuesta responde a una necesidad planteada por los propios integrantes del Ministerio Público de la Defensa en reuniones del Consejo de la Magistratura. El primer reclamo se formuló en Bariloche y luego reapareció en Cipolletti, donde se informó que ya existía un proyecto legislativo para atender esa demanda.
“Si bien nosotros creemos que el Estado tiene que ser lo más chico posible y lo más eficiente posible, esto responde a una necesidad del Poder Judicial para funcionar de mejor manera”, afirmó.
El legislador aclaró que el acompañamiento de su bancada no fue partidario: “No es responder a un pedido o a un proyecto de un bloque partidario o de un oficialismo, sino justamente darle respuesta a la misma Justicia y a los mismos funcionarios que son quienes han solicitado hacer esta modificación”.
El respaldo con críticas
El discurso más filoso fue el de Santiago Ibarrolaza. Acompañó la creación de los cargos, pero usó el tratamiento para cuestionar el funcionamiento de algunos sectores del Poder Judicial rionegrino.
“Este es un proyecto que viene a cubrir un viejo reclamo del funcionamiento del Ministerio Público”, señaló, y recordó que el defensor general había pedido reiteradamente una figura de coordinación similar a la que ya tienen los fiscales jefes.
Sin embargo, advirtió que las reformas institucionales no alcanzan por sí solas si no van acompañadas de independencia, imparcialidad y ética por parte de los funcionarios. En ese marco, cuestionó la actuación de fiscales frente a denuncias de amenazas a periodistas en Viedma y sostuvo que, en determinadas situaciones, “los fiscales son más rápidos para archivar que para investigar”.
“Le podemos poner las normas, le podemos poner las estructuras, pero si después la conducta del defensor oficial o la conducta del fiscal que tiene que denunciar deja mucho que desear, no es ética, no es imparcial y no es independiente, no va a haber Ministerio Público que funcione”, concluyó.
