Vendió su corralón para levantar un hotel en Cafayate: quiénes le impiden abrir la puerta
Sociedad · Salta

Vendió su corralón para levantar un hotel en Cafayate: quiénes le impiden abrir la puerta

Compraron el terreno, vendieron un corralón para financiar el hotel y hasta obtuvieron fallos favorables en primera y segunda instancia. Lo que apareció en el medio no fue una traba administrativa cualquiera: el predio ya estaba ocupado y la restitución quedó frenada por un planteo de "supuestos" derechos indígenas.

Una familia de Cafayate compró un terreno en la zona del Divisadero, vendió un corralón para financiar el proyecto y levantó los planos de un hotel que nunca pudo construirse. El predio fue ocupado y el conflicto ya supera los 15 años, pese a que los dueños tienen títulos de propiedad y resoluciones judiciales favorables en primera y segunda instancia.

El caso es uno de los tantos que se repiten en la provincia de Salta, donde recuperar un inmueble ocupado puede llevar más de una década. Las órdenes de desalojo tardan años en ejecutarse y los propietarios deben seguir pagando abogados para defender un derecho que, en algunos casos, la propia Justicia ya les reconoció.

En Cachi, Cafayate, Embarcación, La Silleta, Anta y Orán aparecen situaciones similares. Abogados y referentes del sector rural apuntan contra los tiempos de la Justicia y contra el Ejecutivo, y describen procedimientos cuya anunciada rapidez nunca se cumple. También mencionan casos de acompañamiento político a las ocupaciones.

Una sentencia que tardó 13 años en ejecutarse

La finca Las Pailas, en el paraje San Gabriel de Cachi, es el ejemplo más claro de que un fallo favorable puede ser apenas el primer paso de un recorrido mucho más largo. La familia Wayar inició en 2010 una demanda civil contra Agustín Mamaní por una fracción del inmueble.

En 2013, la Justicia ordenó el desalojo y la Cámara confirmó la resolución. Sin embargo, la medida recién se ejecutó el 12 de junio de 2026, trece años después de la sentencia.

El operativo tampoco cerró todas las controversias. La jueza María Fernanda Diez Barrantes rechazó un pedido de nulidad, pero ordenó restituir a cuatro comuneros sectores que no estaban comprendidos en la orden original. La sentencia alcanzaba cuatro hectáreas, aunque el procedimiento se extendió sobre una superficie mayor.

Para los especialistas, la Justicia debía garantizar que la decisión se ejecutara y que el operativo respetara lo ordenado. La demora perjudica a quien obtuvo una resolución favorable; una ejecución que excede sus límites afecta a terceros y abre nuevos reclamos.

El hotel que quedó en el camino

En Cafayate, la historia suma el costo de un proyecto que no pudo desarrollarse. Una familia de la zona compró un terreno en el Divisadero para construir un hotel. El propietario había vendido un corralón para financiar el emprendimiento.

Personas ocuparon el predio y el conflicto comenzó en 2010. Desde entonces, la familia no pudo recuperar el inmueble. Los propietarios obtuvieron decisiones favorables en primera y segunda instancia, pero la restitución quedó suspendida después de una intervención administrativa relacionada con un planteo de "supuestos" derechos indígenas.

Una resolución del Inadi también puso piedras en el camino judicial. El resultado: títulos de propiedad y fallos favorables que no alcanzaron para recuperar el terreno, un proyecto hotelero frustrado y un conflicto que ya lleva más de 15 años.

El campo, en alerta por la seguridad jurídica

La preocupación también aparece en el sector rural. Desde la actividad describen situaciones en Anta vinculadas con el ingreso de personas a terrenos y las dificultades posteriores para recuperar las propiedades.

Una fuente del sector manifestó inquietud por quienes se instalan en inmuebles y los definió como intrusos. Advirtió que conseguir su retiro demanda procedimientos largos, tiempo y recursos, y consideró que esas demoras ponen en riesgo la seguridad jurídica.

El perjuicio no se limita a los gastos judiciales. Una venta, una inversión o un proyecto productivo pueden quedar detenidos por un conflicto cuya duración se desconoce. El propietario conserva sus documentos, pero no puede avanzar con lo que había previsto hacer en el inmueble.

El caso de Orán: reclama su casa y denuncia amenazas

En Orán, Claudia Calisaya intenta recuperar la casa que entregó en alquiler en 2022 para mudarse con su madre enferma y cuidarla. El inmueble está ubicado en el barrio Patrón Costas. El contrato, firmado el 3 de marzo de aquel año por tres años, venció el 2 de marzo de 2025.

Según denunció, la mujer que alquilaba la vivienda y sus tres hijos adultos se negaron a devolverla. La propietaria también denunció incumplimientos en el pago del alquiler, una deuda de electricidad y daños en la casa.

A la disputa por la restitución se sumaron denuncias por amenazas. Las últimas tres presentaciones policiales fueron realizadas el 6, el 20 y el 24 de julio. En una de ellas, Calisaya sostuvo que recibió la advertencia: "Sacá la publicación de Facebook o te vamos a quemar el auto, atente a las consecuencias".

El 4 de noviembre trasciendió que las partes habían sido citadas a una audiencia para el martes 10 por la denuncia de amenazas. Calisaya contó entonces que los ocupantes la llamaron después de recibir la notificación y le ofrecieron dinero para que retirara la denuncia. Según su relato, le dijeron que, si no aceptaba, irían a juicio y el proceso sería largo.

No se cuenta con información sobre el resultado de esa audiencia ni sobre una eventual restitución de la casa. El planteo de la propietaria, al momento de aquella publicación, era directo: "Necesito que me la devuelvan ya. ¿Qué le pasa a la Justicia?".

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